Las elevadas cifras de asesinatos de mujeres han llevado a la Organización Mundial de la Salud a calificar de epidemia los feminicidios en la región y Panamá no escapa de esa realidad.
¿Quién tiene la culpa?
"Trabajar en la problemática de la violencia contra las mujeres, lejos de ser una tarea fácil, demanda mucho esfuerzo, sensibilidad, pero sobre todo un compromiso social y con los derechos humanos", Castillero. pic.twitter.com/HDCdhoeV4p
Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) 30 de noviembre de 2017
Hay muchas variables sobre este tema, según el el psicólogo clínico Saúl Serrano, la mayoría de ellos en su infancia ha sufrido humillaciones por parte de su padre y sin obtener el apoyo de su madre. Una humillación que les produce inseguridad en la vida adulta y que tratan de proteger adheriéndose miméticamente a los valores del patriarcado. Por lo que es parte y parte, tanto la crianza como ellos mismos en no buscar ayuda a tiempo para su trastorno.
Cifras
Hasta noviembre de 2017, se registraron en Panamá, según el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG),16935 denuncias por el delito contra el Orden Jurídico y Familiar, siendo 14275 (84%) por violencia doméstica; 5928 denuncias por delitos sexuales, siendo 2661 (45%) violaciones; y 26 femicidios, 14 consumados y 12, en grado de tentativa. En el año 2016, fueron 22192 casos contra el orden jurídico y familiar, 19711 (89%) por violencia doméstica; 4592 denuncias por delitos sexuales, siendo 1882 (41%), por violaciones; y 23 femicidios, 19 consumados y 4 en grado de tentativa, cifra que mantiene a las autoridades preocupados.
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Según indican las cifras, se registraron menos denuncias de violencia doméstica, pero se observó un incremento en los delitos sexuales y femicidios; esto en un contexto de múltiples demandas por parte de las organizaciones dela sociedad civil, de mayor protección para la vida de las mujeres.
Que las mujeres y niñas estén siendo agredidas por familiares o personas de confianza, y en los lugares donde deberían sentirse más seguras, reafirma la necesidad de acciones diferenciadas por parte del Estado, entendiendo el sustento de género que subyace a estos delitos, destacó el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos.
